La RFEF quiere el regreso de sus competiciones cuanto antes, no sin antes pulir un protocolo sanitario

Creado ese protocolo, comenzarían un mes más tarde el fútbol no profesional


Tras la reunión de la RFEF junto con las federaciones territoriales han acordado llegar a un acuerdo junto con las comunidades autónomas para establecer un protocolo "sanitario y jurídico" para poder comenzar la competición de inmediato.

En su comunicado citan: "La RFEF considera imprescindible disponer de las máximas garantías para comenzar de inmediato las competiciones de la próxima temporada y aboga, junto al resto de federaciones de deportes de equipo, por un ‘Plan Transversal’ avalado por los poderes públicos que ofrezca esas garantías sanitarias y jurídicas para los jugadores y resto de actores, los responsables de los clubes y organizadores". 

Por otro lado, desmienten categóricamente la noticia que circulaba el fin de semana, donde supuestamente las competiciones no comenzarían hasta enero de 2021. Recalcaron que: "desafortunadamente, estamos acostumbrados a estas campañas con continuas falsedades orquestadas con el objeto de desacreditar, desinformar y crear incertidumbre".

La institución que preside Luis Rubiales cree que: "la seguridad sanitaria debe ser compatible con la vuelta a las competiciones de manera inminente"

Anota la fereración: "No se nos escapa la delicada situación que puede acarrear ésto. Son muchas las familias cuyos ingresos dependen de puestos de trabajo en este sector. Por eso es más importante que nunca volver a la competición con garantías sanitarias y jurídicas y hacerlo lo más pronto posible" advirtió la federación.

"En el fútbol español existen casi 1.100.000 deportistas con licencia que necesitan empezar a entrenar y competir de manera urgente, pero esto sólo se puede hacer si existen unas garantías de salud mínimas que deben quedar claramente fijadas y establecidas. Es intención de la Federación comunicar a los clubs el comienzo de la temporada con al menos 30 días de antelación, una vez haya un protocolo nacional aprobado por los poderes públicos competentes", sentenció.

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